Todos

Múltiples son los motivos por los que la política acaba derivando en un diálogo imposible en donde se actúa y sobreactúa de cara a las cámaras y se limita la intervención a un ataque a los oponentes que más tiene de discusión de pandillas de barrio que de fondo. Se acumulan agravios, se desvelan errores, se denuncian deslices. Quizás porque en el fondo se sepa de antemano la superficialidad de la mayoría que, incapaces de comprender lo profundo, se fían sólo de la superficie. Yo siempre me he sentido en toda esta actuación como un espectador de una obra de teatro en donde se hace valer la forma como único motivo para conquistar adeptos. Algo así como si se dilucidara el mérito del autor por su apariencia física o por el modo de peinarse.

En mi caso he intentado siempre huir de las anécdotas o incluso de los errores individuales para centrarme en los aspectos fundamentales que diferencian a unos grupos políticos de otros.

Desde luego que la primera de las motivaciones que me sirven de norte es la creencia en que la organización de la sociedad en todos los aspectos debe estar centrada en las personas, incluso hasta en cuanto pudiera parecer independiente de ello como lo son el arte, la estética, la ecología o las creencias de cualquier tipo.

Pero hay más. Cuando se habla de personas es fundamental hablar de todas las personas. Tras la última de las desastrosas guerras mundiales cuyo comienzo tristísimo conmemoramos ahora a partir de la invasión de Polonia, se impuso como guía la Declaración de los Derechos Humanos en donde se hacía valer la condición de personas para ser destinatarios de derechos irrenunciables.

Las diferentes Constituciones de todos los países suelen recoger esa teoría bajo el lema: Todos somos iguales. La práctica, claro, es algo totalmente diferente.

En la España de hoy se reconocen los derechos básicos a la vida, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda… para luego limitarse en la práctica a dejarlos como simples adornos al albur de dogmas como el mercado o las imposiciones interesadas de grupos de presión o de ideologías.

Siempre me ha parecido sintomático el hecho de que se acepten disposiciones legales reguladoras de la convivencia pero siempre dejando el resquicio por el que su exigencia dejara vías de escape sin las cuales habría quien lanzase al cielo el grito de la opresión intolerable. Algo así como si, por ejemplo, la mayoría estuviera de acuerdo en imponer unas normas de tráfico de uso obligatorio y, naturalmente, punibles con multas o retirada de carnet, pero consideraran inaceptable un procedimiento infalible para aplicarlas a todos sin excepción. O como si se considerase justo contribuir todos a las labores comunes mediante una recaudación de impuestos pero se rechazara extender a todos un sistema tan infalible como el de las nóminas para que nadie pudiera eludir esa obligación.

Algo así me sucede en todos los aspectos sociopolíticos y económicos. Para unos la asignación de recursos escasos con los que contamos se hace mejor mediante las leyes del mercado, siempre bajo el influjo pretendidamente más dinámico y efectivo de la empresa privada y su lícito deseo de beneficios que no bajo la pesada y alienante decisión del Estado que debe limitarse a casos muy concretos de corrección de anomalías o de creación de circunstancias favorables para la competencia.

Para otros la centralización es la manera más eficaz de asignar recursos sin tener que someterse al interés de beneficios privados ni al derroche que significaría competir colocando productos al margen de su utilidad y sólo por los beneficios que comporta.

Para mí siempre ha sido clave la distinción entre lo que es un derecho, y como tal exigible y no mendigable, y lo que es prescindible o de lujo. En el primer caso lo fundamental es que todos alcancen en realidad y sin fluctuaciones esos derechos. Para ello nunca me he fiado de los intereses privados que sólo pueden, como es lógico, moverse por criterios de máximos beneficios al margen de que se alcancen los objetivos a los que las personas tienen derecho.

Dicho de modo comprensible, si todos tenemos derecho al trabajo y a la vivienda, no se puede dejar a la iniciativa privada el logro de esos derechos porque el interés privado sólo atiende a esos aspectos a través de consideraciones de altruismo que mejoran su imagen como empresa pero no pueden garantizarse para todos.

Cuando observo que para unos hay que someterse a los beneficios empresariales para lograr derechos y por tanto tienen que mendigar sus derechos antes que exigirlos no veo otra solución que distinguir entre lo que es básico y lo que es prescindible. Si todos tenemos derecho a lo que la Constitución nos reconoce como tal quizás haya que distinguir en que hablamos sólo de lo básico y no de lo lujoso. Hablamos de trabajo y de vivienda dignos que nos permitan una vida digna aunque sin lujos: con tiempo y remuneración suficientes para la realización personal y familiar, aunque eso no se extienda a veinte metros cuadrados por persona ni a puestos de trabajo con sueldos suficientes para comprarse un yate.

No entiendo que pueda eso hacerse sin defender el papel social inalienable del Estado al que, como administrador –y no como dueño- se le encomiendan los recursos para lograrlo. Medre y crezca y se enriquezca en buena hora mientras tanto la iniciativa privada ofreciendo puestos de trabajo para algunos en empresas boyantes de modas, vehículos, ocios y espectáculos.; investiguen quienes quieran para conseguir viajes a la luna o a marte, aviones supersónicos u ordenadores extraterrestres, pero no a costa de eliminar a muchos del viaje en tren o a pie, de la posibilidad de vivir y morir dignamente, del espacio en que uno nunca se ve obligado a mendigar.

Hay quien piensa que lo que quiere la gente es conseguir lo que desea al margen de que sea una empresa privada o la Administración la que se lo proporcione, pero para mí no es igual: lo fundamental es no tener que pedir como favor lo que se me reconoce como derecho. Entiendo que eso puedo hacerlo con la Administración Pública a la que le doy voluntariamente los recursos para que los administre y no con la empresa privada que gasta de lo suyo para beneficiarse justamente.

A fin de cuentas es lo que hago en mi Comunidad de Vecinos con el Administrador al que proveo de fondos y al que nunca le tolero que me diga que se gasta los fondos en lo que le da gana basado en que lo he elegido libremente como tal.

Y, desde luego, sin que haya ni un solo vecino excluido de sus derechos de vecino.

Algo así vengo diciendo desde el principio de este blog en el perfil con que quiero retratarme.